Desde el inicio de la transición democrática en nuestro país, hace ahora poco más de treinta y cinco años, nunca los ciudadanos, en general, habíamos tenido una sensación tan intensa de que España y sus gentes vamos mal, muy mal, y de que aún vamos a ir peor en los próximos tiempos.
La crisis sistémica, propiciada por las exacerbaciones de los protagonistas más estelares del capitalismo duro, ya hacía presagiar, hace tan sólo un par de años, que vendría una época dura. Dura para los de siempre, para el sostén del sistema, las clases media y baja, la gran mayoría de ciudadanos. Pero, una formación política conservadora, el PP, con un acusado oportunismo político, se desentendió de cualquier alianza con el gobierno socialista anterior (que tuvo errores monumentales) para amortiguar dicha crisis. Y, eso sí, puso en marcha una gran campaña de acoso y derribo sobre Rodríguez Zapatero y sus correligionarios. Para ello, no dudó en lanzar afirmaciones y promesas que, ciertamente, para bastantes españoles suponían un alivio, una esperanza.
Ganadas las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011, y pocos meses después las generales, los votantes del PP e incluso no pocos de los no votantes a este partido quedaban expectantes: habría más empleo, menos impuestos, más transparencia informativa, y un largo etcétera. Era el tiempo, pues, de Rajoy y su país de las maravillas.
Y, en menos de un suspiro, el nuevo presidente y sus colaborador@s pasaron del sugerente y prometedor azul celeste al gris oscuro de los grandes cataclismos del tiempo atmosférico. Más impuestos que hieren esencialmente a los débiles, rescate para los defraudadores. Incremento del desempleo a una velocidad vertiginosa. Retroceso histórico en los derechos de los trabajadores. Y, en en general y con mucha prisa, desmantelamiento paulatino del Estado de Bienestar instaurado en nuestro país durante los últimos treinta años, de lo que no parece que se librarán ni la sanidad (envidia del mundo, aún con todos sus defectos) ni la educación. Ni siquiera Aznar se atrevió a tanto dislate, aunque algo intentó.
La huelga general y las últimas elecciones en Andalucía y Asturias, dejan claro que la ciudadanía comienza a reaccionar. Y que el PP empieza a perder apoyos en la calle, que es de donde le viene esa mayoría absoluta. Quizás, en este punto, las presiones sistémicas a este partido en eterno idilio natural con las altas finanzas, no dejen ver al gobierno, a su presidente y a la mentada formación que les sustenta, que la opinión de los protagonistas de la democracia, los ciudadanos, no es sólo la que se recoge cada cuatro años en las urnas. Las encuestas científicas y fiables (que también las hay) son una herramienta de nuestros días que no debe desestimarse.
Porque la democracia representativa, para intentar paliar ese largo desierto entre comicios, tiene a su alcance la posibilidad de pulsar el tono del pueblo. Incluso de monitorizar esta consulta, de lo cual seguro que no anda muy lejos el potente entramado gubernamental, esté quien esté liderándolo.
En este punto, hay que decir con meridiana claridad que si las cosas siguen así (y así parece que seguirán e incluso con mayor virulencia social) el gobierno no debe, en pura lectura democrática, construir una falacia argumental en razón de la pretendida patente de corso para cuatro años. La historia, lamentablemente, está llena de ejemplos de insuficiencia democrática. Y, si Zapatero cayó de bruces por salirse del programa socialista, Rajoy puede llevar el mismo camino por hacer todo lo contrario de lo que prometió en campaña y en pre campaña.
La democracia pura, la democracia directa, al menos puede tener un sucedáneo en tal representación del pueblo que nos hemos dado: consultar a éste y obrar en consecuencia, en virtud de su opinión. Y no de la opinión de las altas finanzas y sus insaciables tiburones, que no representan en absoluto, ni en España ni en país alguno, al agregado social.
Un apunte final: las encuestas relativamente fiables tienen su reválida natural en las manifestaciones legales y civilizadas que los ciudadanos hacemos, echándonos a la calle y/o haciendo huelga, cuando creemos conveniente decir a los políticos que no estamos de acuerdo. Ojo, no hablo ya de progreso, solidaridad o justicia social, con ser, éstos, conceptos muy abultados. Hablo de la madre de todos: de la excelentísima DEMOCRACIA.
La huelga general y las últimas elecciones en Andalucía y Asturias, dejan claro que la ciudadanía comienza a reaccionar. Y que el PP empieza a perder apoyos en la calle, que es de donde le viene esa mayoría absoluta. Quizás, en este punto, las presiones sistémicas a este partido en eterno idilio natural con las altas finanzas, no dejen ver al gobierno, a su presidente y a la mentada formación que les sustenta, que la opinión de los protagonistas de la democracia, los ciudadanos, no es sólo la que se recoge cada cuatro años en las urnas. Las encuestas científicas y fiables (que también las hay) son una herramienta de nuestros días que no debe desestimarse.
Porque la democracia representativa, para intentar paliar ese largo desierto entre comicios, tiene a su alcance la posibilidad de pulsar el tono del pueblo. Incluso de monitorizar esta consulta, de lo cual seguro que no anda muy lejos el potente entramado gubernamental, esté quien esté liderándolo.
En este punto, hay que decir con meridiana claridad que si las cosas siguen así (y así parece que seguirán e incluso con mayor virulencia social) el gobierno no debe, en pura lectura democrática, construir una falacia argumental en razón de la pretendida patente de corso para cuatro años. La historia, lamentablemente, está llena de ejemplos de insuficiencia democrática. Y, si Zapatero cayó de bruces por salirse del programa socialista, Rajoy puede llevar el mismo camino por hacer todo lo contrario de lo que prometió en campaña y en pre campaña.
La democracia pura, la democracia directa, al menos puede tener un sucedáneo en tal representación del pueblo que nos hemos dado: consultar a éste y obrar en consecuencia, en virtud de su opinión. Y no de la opinión de las altas finanzas y sus insaciables tiburones, que no representan en absoluto, ni en España ni en país alguno, al agregado social.
Un apunte final: las encuestas relativamente fiables tienen su reválida natural en las manifestaciones legales y civilizadas que los ciudadanos hacemos, echándonos a la calle y/o haciendo huelga, cuando creemos conveniente decir a los políticos que no estamos de acuerdo. Ojo, no hablo ya de progreso, solidaridad o justicia social, con ser, éstos, conceptos muy abultados. Hablo de la madre de todos: de la excelentísima DEMOCRACIA.
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